¡Indignante! Juzgado Penal deja libres a miembros de bandas turrialbeñas que saquearon poliducto de Recope.
● Fiscalía solicitó prisión preventiva contra 10 detenidos; sin embargo, juez les impuso medidas alternas a la prisión. Decenas de intervenciones en tomas ilegales, vigilancias continuas y una investigación de 22 meses que desencadenó un enorme despliegue judicial en Turrialba el pasado 10 de diciembre, fue insuficiente para el Juzgado Penal de esa localidad, que decidió omitir la petición fiscal y dejó en libertad a los miembros de dos bandas dedicadas a robar combustible. Se trata de diez sujetos de apellidos Palma Fernández, Morales Nájera, Palma Fuentes, Calderón Fallas, Quirós Morales, Bermúdez Morales, Calvo Valverde, Segura Nájera, Quirós Morales y Mejía Palma, quienes solo deberán firmar periódicamente y no podrán salir del país mientras son investigados por diversos delitos incluidos en la Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles, derivados del petróleo y sus mezclas, Ley 9852. Durante las pesquisas se determinó que los sospechosos conformaron dos bandas asentadas en Turrialba que, entre el 2023 y 2024, generaron un perjuicio económico de aproximadamente ₡708,4 millones. Sin embargo, el daño no solo fue económico, ya que estas organizaciones también causaron graves afectaciones ambientales en el cantón. “Permitir que estas personas enfrenten sus procesos en libertad es dejar abierta la posibilidad de que vuelvan a atentar contra el poliducto, poniendo en peligro el recurso energético y la seguridad de las comunidades cercanas. Exigimos que se valore con la seriedad que merece el impacto de estas acciones y que se refuercen las medidas de justicia para proteger al país de quienes, sin escrúpulos, intentan enriquecerse a costa de todos nosotros”, aseveró Karla Montero, presidenta de Recope. La jerarca recordó que Recope se ha convertido en una víctima activa y por ello ha invertido recursos y esfuerzos incansables para luchar contra el robo de combustible, siempre en coordinación con las autoridades. La Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos informó que presentó una apelación, por lo que se está a la espera de una nueva audiencia que permita reiterar la necesidad de que los imputados permanezcan en prisión mientras el caso sigue avanzando. “Este no es un caso más, es un precedente que marcará cómo enfrentamos el robo de combustibles en el futuro. Reitero nuestra confianza en el sistema judicial, pero también hacemos un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que garanticen que quienes cometen estos delitos enfrenten las consecuencias que corresponden. El país no puede permitirse señales de debilidad ante el crimen organizado”, finalizó Montero.
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