Poder Judicial no tiene recursos para abonar salarios completos en diciembre.
El Poder Judicial de Costa Rica se encuentra atravesando una crisis económica que ha afectado a aproximadamente 600 trabajadores interinos, quienes denuncian el incumplimiento en el pago de la segunda quincena de diciembre. El problema abarca a fiscales, jueces, defensores públicos, investigadores y personal administrativo que no ha recibido el pago de sus horas extras y otras obligaciones laborales.
Según una circular interna divulgada el 24 de diciembre por la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la falta de recursos se debe a movimientos de personal entre las oficinas judiciales durante el cierre de año y a los cambios derivados de la Ley Marco de Empleo Público, que ha permitido la migración hacia un esquema de salario global. Sin embargo, la circular no detalló más sobre los factores exactos que desencadenaron la situación.
La directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez, reconoció el impacto de este incumplimiento en la estabilidad económica de los trabajadores y aseguró que todos los pagos pendientes serían realizados en la primera quincena de enero, bajo el nuevo presupuesto. En el documento, también expresó el compromiso de seguir trabajando para garantizar el pago oportuno de los salarios futuros.
El incumplimiento ha generado una fuerte reacción entre los afectados. El fiscal Rodolfo Solórzano Montero, uno de los trabajadores perjudicados, confirmó que 145 personas presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional el 26 de diciembre. Los afectados argumentan que la situación constituye un trato desigual, ya que solo los trabajadores interinos han sufrido el impago de salarios, mientras que los funcionarios propietarios no se vieron afectados en la misma medida.
Además, los denunciantes aseguran que este impago desvirtúa el concepto de trabajo, ya que los empleados judiciales brindan un servicio esperando una remuneración puntual, algo que no se ha cumplido. En este sentido, exigen el pago inmediato de los salarios adeudados y los daños y perjuicios generados por la demora.
En respuesta a la crisis, el Consejo Superior del Poder Judicial celebró una sesión extraordinaria el 26 de diciembre para abordar la situación y optimizar los sistemas de pago salarial. También se solicitó un análisis por parte de la Auditoría Interna y la oficina de Control Interno para evaluar los procesos relacionados con las remuneraciones. Además, se indicó que la Dirección de Gestión Humana deberá rendir un informe detallado sobre los hechos.
El comunicado del Poder Judicial también admitió que algunos trabajadores propietarios recibieron el pago incompleto, y agradeció la colaboración y comprensión de los empleados mientras se trabaja para resolver la situación.
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