El Gobierno de Costa Rica, en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 24.718, titulado “Ley para regular las comunidades establecidas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte”.
Esta iniciativa busca brindar seguridad jurídica a más de 22 mil personas de los cantones fronterizos de La Cruz, Upala, Los Chiles, San Carlos, Sarapiquí y Pococí, quienes han vivido durante décadas en condiciones de incertidumbre debido a la declaratoria del refugio en 1994.
La propuesta contempla la desafectación de comunidades actualmente dentro del refugio, permitiendo así que los habitantes puedan realizar actividades cotidianas, como mejoras en sus viviendas y actividades comerciales. Este proceso se realizará respetando estudios técnicos y ambientales, además de garantizar una compensación ambiental mediante la adquisición de propiedades que serán incorporadas al Patrimonio Natural del Estado.
Según la Ministra de la Presidencia, Laura Fernández Delgado, este proyecto representa un paso crucial para el desarrollo y bienestar de estas comunidades. “Esta ley permitirá regularizar y ordenar estas zonas, ofreciendo estabilidad jurídica y fomentando la reactivación económica y social que tanto necesitan”, afirmó.
Actualmente, el Inder y especialistas ambientales trabajan en mediciones, censos poblacionales y estudios técnicos para identificar las áreas a desafectar, incluyendo 55 hectáreas del cantón de Los Chiles. Estos esfuerzos son esenciales para determinar la viabilidad de la estrategia y garantizar una solución integral para las familias afectadas.
La aprobación de esta ley abrirá la puerta a la inversión pública en estas comunidades, promoviendo el desarrollo socioeconómico y fortaleciendo el tejido social en la región fronteriza, que ha enfrentado limitaciones durante más de 30 años