La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra la rectora del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada Sánchez, por un presunto delito de influencia en perjuicio de la Hacienda Pública, relacionado con la contratación del servicio de transporte estudiantil.
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| Foto con fines ilustrativos. Crédito: TEC |
El Ministerio Público confirmó que el caso se tramita bajo el expediente 25-000029-1878-PE, el cual se originó tras una denuncia ciudadana presentada en setiembre de 2025. La investigación se encuentra actualmente en fase preliminar, con recopilación y análisis de pruebas.
La denuncia surge a partir de una publicación del medio CR Hoy, en la que se expuso que el TEC suscribió convenios directos con la empresa Transportes TRC S. A. para cubrir varias rutas estudiantiles, sin realizar un proceso de licitación pública, pese a que se trataba de servicios pagados con fondos públicos.
Convenios sin licitación
De acuerdo con documentos administrativos, el Departamento de Aprovisionamiento del Campus Central de Cartago concluyó que los convenios firmados no cumplían con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública, ya que no podían considerarse acuerdos de cooperación y debieron someterse a un concurso público.
Las rutas cubiertas mediante estos convenios incluían trayectos desde Cartago, Alajuela, Coronado, Tibás y Desamparados hacia el campus central del TEC, durante el año 2024.
En total, se emitieron 19 facturas entre abril y setiembre de ese año, por un monto de ₡88,4 millones. De esa suma, la institución pagó ₡55,6 millones y reconoció una indemnización adicional de ₡32,8 millones a favor de la empresa, tras aplicar el rebajo correspondiente por utilidades no reconocidas, según lo permite la normativa vigente.
Sanciones y acciones administrativas
Como resultado del procedimiento administrativo, el TEC impuso a Transportes TRC S. A. una inhabilitación por seis meses para participar en procesos de contratación con la institución. La sanción fue aplicada conforme al artículo 118 de la Ley General de Contratación Pública.
Además, la universidad indicó que se iniciaron procesos internos para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados; sin embargo, estos se mantienen en trámite y bajo confidencialidad.
Respuesta institucional
En declaraciones previas, el TEC sostuvo que la contratación se realizó como una medida temporal para atender la demanda de transporte estudiantil, ante la falta de oferentes y la salida de otras empresas por baja rentabilidad de las rutas.
Por su parte, la rectora María Estrada Sánchez indicó que no ha sido notificada oficialmente por ninguna autoridad judicial y que, tanto ella como la institución, están en disposición de colaborar con las instancias correspondientes.
“Respetamos la institucionalidad, la transparencia y la legislación nacional”, señaló.
Este medio intentó obtener una reacción de Transportes TRC S. A.; no obstante, al cierre de la publicación no se recibió respuesta.
