Las escuelas y colegios en Costa Rica no solo enfrentan el reto de la deserción de las aulas, sino una amenaza mucho más oscura. El reciente informe sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) encendió las alarmas al revelar cómo las bandas criminales están utilizando los centros educativos como plataformas para captar a menores de edad e introducirlos en redes de explotación.

El estudio, desarrollado por el Pridena de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Ineina de la Universidad Nacional (UNA), enfocó su análisis en tres cantones vulnerables del país: Puntarenas, Corredores y Garabito.

Un crudo testimonio recopilado en la investigación expone la realidad a la que se enfrentan las familias:

“A mi hija le mandó a decir una de las chiquitas del colegio, que el jefe la quería para trabajar con ellas, que no le iba a pasar nada, que nadie le iba a tocar, que solo era ser dama de compañía”.

La dualidad de los centros educativos

Los investigadores concluyen que los centros educativos juegan actualmente un doble papel en las comunidades: por un lado, se mantienen como espacios de protección institucional; por el otro, se han convertido en escenarios de interacción y reclutamiento para estas redes delictivas.

De acuerdo con el informe, este fenómeno es impulsado por una combinación de factores estructurales:

  • Exclusión social y pobreza.
  • Deficiencias del sistema educativo y desmotivación estudiantil.
  • Falta de oportunidades reales para los jóvenes.
  • Fuerte presencia del narcotráfico y contextos de violencia local.

¿Cómo operan estas redes de captación?

Las dinámicas de reclutamiento identificadas por el estudio se mueven principalmente en dos frentes:

  1. Dentro de las aulas: Menores de edad que ya han sido vinculados o instrumentalizados por los grupos criminales actúan como enlaces para reclutar a sus propios compañeros de estudio.
  2. Entorno digital: El uso de las redes sociales es una herramienta clave para captar víctimas, facilitando además la cosificación y la sexualización del cuerpo femenino desde edades tempranas.

Urge un giro hacia la prevención

Para Rolando Fernández, uno de los investigadores principales del informe, el enfoque actual del Estado es insuficiente. El estudio advierte que las fiscalías especializadas se han concentrado en el endurecimiento de las penas, dejando de lado el robustecimiento de las políticas preventivas.

El vacío de datos en Costa Rica: Actualmente, el país no cuenta con estadísticas específicas sobre procesos judiciales vinculados directamente a la explotación sexual comercial de personas menores de edad.

Como una alarmante referencia indirecta, el informe destaca que durante el año 2025 el Ministerio Público reportó 3.203 casos bajo el delito de relaciones sexuales con personas menores de edad.

Datos de Contexto (2025)Cifra
Casos reportados por relaciones sexuales con menores3.203
Estadísticas judiciales específicas sobre ESCNNA0 (No existen)

La respuesta de las instituciones

Al ser consultado sobre el abordaje de estos casos, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) evitó una entrevista presencial y emitió una posición escrita. En ella, la institución reconoció que enfrenta “importantes desafíos” para garantizar los derechos de las víctimas y admitió que, debido a la complejidad de este fenómeno, se requiere de un trabajo integral, interinstitucional e intersectorial que involucre a todo el aparato público.

Si desea profundizar y leer los resultados completos de esta investigación, puede acceder al informe a través del siguiente enlace.

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