La magistrada de la Sala III, Patricia Solano, lanzó un firme llamado para que el Poder Judicial rompa el silencio y se defienda de los ataques políticos y la desinformación que lo culpan de la crisis de inseguridad en Costa Rica.

Solano fue contundente al señalar que la prevención del delito es una tarea desatendida por el Poder Ejecutivo.

En una entrevista exclusiva, la alta jueza criticó que la institución haya cometido el “pecado” de no responder con firmeza a un discurso que busca desprestigiarla, responsabilizándola del crimen organizado.

“La seguridad ciudadana es una de las funciones esenciales asignadas por la Constitución y por la ley al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública. Lo que llega al Poder Judicial es cuando la contención no funciona, cuando el hecho ya sucedió”, enfatizó Solano.

Las claves del reclamo al Poder Ejecutivo

La magistrada argumentó que la actual crisis de inseguridad responde a decisiones deficientes de la administración gubernamental:

• Falta de control: Señaló la apertura de fronteras que facilitó el ingreso de criminales al país.
• Debilitamiento de la vigilancia: Cuestionó acciones específicas, como el cierre de puestos de Guardacostas para trasladar a los oficiales a tierra.
• Apropiación de logros: Criticó que el mandatario Rodrigo Chaves utilizara imágenes de la Fuerza Pública en su informe de labores simulando allanamientos, cuando en realidad estos operativos son el resultado de investigaciones del OIJ, la Fiscalía y la autorización de jueces.

Rendición de cuentas: El Poder Judicial en cifras

Frente a las críticas de ineficiencia por parte del Gobierno y de figuras como la presidenta Laura Fernández, Solano defendió la gestión judicial con datos contundentes de productividad: