En el marco de la conmemoración del Día del Orgullo, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han encendido las alarmas en Costa Rica. Según diversos sectores consultados, las poblaciones sexualmente diversas enfrentan un eviciente retroceso en materia de protección, impulsado por un cambio radical en la relación entre el Estado y los grupos que velan por esta población.

Las decisiones institucionales que encienden las alarmas

La preocupación de los colectivos se fundamenta en una serie de medidas de índole político y educativo adoptadas en los últimos años por el Gobierno de la República. Entre los episodios más críticos destacan:

  • Retiro de foros internacionales: En abril de este año, el Gobierno retiró su representación del foro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de los derechos LGBTIQ+, una medida interpretada como un distanciamiento de los espacios regionales de derechos humanos.
  • Eliminación de protocolos escolares: El Ministerio de Educación Pública (MEP) derogó el protocolo para la atención de casos de bullying y discriminación contra estudiantes de la diversidad, una herramienta que era considerada clave para prevenir la violencia en las aulas.
  • Anulación de declaratorias culturales: En julio de 2024, el presidente Rodrigo Chaves destituyó a la entonces ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y al comisionado de Inclusión Social, Ricardo Sosa, tras haber declarado de “interés cultural” la Marcha del Orgullo. Posteriormente, en enero de 2025, el Ejecutivo anuló por completo dicha declaratoria y disolvió la figura del comisionado.

Preocupante aumento del 344% en discursos de odio

El deterioro no solo es institucional, sino también social. El contexto digital se ha vuelto significativamente más hostil para las personas sexualmente diversas.

De acuerdo con el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de las Naciones Unidas, las manifestaciones de odio hacia la población LGBTIQ+ en redes sociales registraron un alarmante incremento del 344% en comparación con el año anterior.

Para los activistas, esta tendencia refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas preventivas, en lugar de debilitarlas.

“Se rompió por completo la comunicación”

Enrique Sánchez Carballo, exdiputado y expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, señaló que el retroceso más grave se encuentra en el plano político-víncular.

Sánchez afirmó que el Poder Ejecutivo dejó de impulsar políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de estos grupos: “Se rompió por completo la comunicación y el entendimiento de que debía existir política pública dirigida a atender las vulneraciones que enfrentan las poblaciones LGBTIQ+, particularmente las personas trans, que son de las más vulnerables”.

Por su parte, Dennis Castillo Fuentes, director de Irca Casa Abierta (organización que apoya a personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+), matizó que si bien no hay una pérdida generalizada de derechos adquiridos, sí existen señales globales y locales que afectan directamente la calidad de vida de las minorías. Las principales barreras actuales se concentran en el acceso limitado a servicios de salud y justicia, obstáculos para el reconocimiento pleno de la identidad de género y la discriminación sistemática en entornos digitales.

Un impacto colateral en la economía y la “Imagen País”

La situación actual también genera inquietud en el sector empresarial. Julio César Calvo, presidente de la Cámara de Comercio Diversa, advirtió que el distanciamiento de los estándares internacionales de derechos humanos podría pasarle factura a Costa Rica en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con Calvo, estas señales gubernamentales impactan directamente en tres áreas clave para el desarrollo del país:

  • Atracción de inversión extranjera: Las empresas multinacionales globales priorizan de forma creciente los destinos que están alineados con políticas firmes de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).
  • Fuga y retención de talento: Los profesionales altamente especializados buscan entornos sociales que sean seguros, respetuosos y donde se garanticen plenamente sus derechos fundamentales.
  • Reputación internacional: Existe un riesgo real de debilitar la imagen histórica que ha tenido Costa Rica en el exterior como un bastión de la paz, la democracia y los derechos humanos en la región.

Para el representante comercial, la inclusión social es inseparable del desarrollo económico, dado que los entornos laborales respetuosos y diversos son hoy en día un pilar indispensable para mantener la competitividad global.

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