El caso abre interrogantes sobre los controles penitenciarios, la supervisión policial y la coordinación entre los cuerpos de seguridad.Un oficial de la Unidad Especial de Apoyo (UEA), asignado a la custodia de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, fue detenido tras ser sorprendido con dispositivos electrónicos que presuntamente ingresó sin autorización al centro penitenciario La Reforma.Según el informe policial JEF-1402-2026, entre los artículos decomisados figuran un teléfono celular, un reloj inteligente, un chip telefónico, cables y baterías portátiles. El funcionario manifestó que había olvidado que llevaba esos artículos y que no los había dejado bajo custodia en los casilleros habilitados para ese propósito.El hecho adquiere especial relevancia porque el oficial formaba parte del personal desplegado para reforzar la vigilancia de “Diablo” y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, dos privados de libertad considerados objetivos prioritarios de las autoridades.¿Dónde estaban los controles de seguridad?El informe señala que los artículos fueron encontrados en un espacio dentro de las instalaciones penitenciarias, después de que el funcionario hubiera pasado los puestos de control. La Fiscalía autorizó su detención y el decomiso de los dispositivos.La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de revisión y supervisión aplicados a los oficiales que ingresan a las cárceles, incluso cuando pertenecen a cuerpos policiales distintos de la Policía Penitenciaria.Aunque el caso podría generar cuestionamientos sobre la coordinación entre las autoridades policiales y penitenciarias, no debe confundirse la responsabilidad de cada institución sin conocer los resultados de la investigación.¿Y el OIJ?En medio de la discusión sobre la seguridad penitenciaria, también resulta importante distinguir las funciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargado de investigar delitos, de las responsabilidades de los cuerpos policiales que participan en operativos de seguridad y de la administración penitenciaria.El informe descrito no permite atribuir al OIJ la responsabilidad por el ingreso de los dispositivos. La revisión debe centrarse en quién tenía a su cargo los controles, cómo se aplicaron los protocolos y si existieron fallas de supervisión.Las autoridades deben responderEl caso deja preguntas que requieren respuestas claras: ¿cómo logró el funcionario ingresar con esos artículos?, ¿quién debía verificar el cumplimiento de las reglas?, ¿se aplicaron los mismos controles a todos los oficiales asignados a la custodia de estos reclusos?La investigación deberá determinar si hubo una conducta delictiva y si existieron responsabilidades administrativas adicionales.Cuando el Gobierno anuncia medidas especiales para custodiar a los privados de libertad más peligrosos del país, la seguridad no depende únicamente de las celdas y las torres de vigilancia. También depende de que los controles se cumplan y de que cada institución responda por las funciones que tiene asignadas. Navegación de entradasKattia Calvo arremete contra la Defensora: Defiende más a los criminales que a los habitantes
