Un expediente administrativo de la Municipalidad de San José, fechado en 2009 y que terminó en el despido sin responsabilidad patronal de la actual diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Calvo Cruz, detalla una serie de graves acusaciones que incluyen conductas inapropiadas en el sitio de trabajo, alteración de registros de asistencia y cobros irregulares de horas extra durante su gestión como supervisora de la Policía Municipal.

El documento detalla testimonios y pruebas sobre lo ocurrido en la Delegación de Barrio Luján, pero también expone la defensa de la legisladora, quien siempre sostuvo que se trató de una persecución laboral vinculada a su labor como dirigente sindical y a denuncias previas por acoso sexual.

Los señalamientos del expediente

La investigación disciplinaria se abrió en agosto de 2008 tras dos denuncias presentadas por su superior inmediato, Isidro Calvo Rodríguez, y por un grupo de funcionarios. Entre los aspectos más destacados por el órgano director figuran:

  • Conductas íntimas y relaciones: Declaraciones bajo juramento de una oficial de apellidos Obando Vives señalaron que Calvo mantenía una relación de carácter íntimo con un subalterno de apellidos Benavides Guerrero dentro de la delegación, describiendo situaciones de afecto excesivo durante las horas de guardia.
  • Proyección de material explícito: El informe recogió relatos sobre la supuesta reproducción de películas pornográficas en la delegación durante la jornada laboral de 7 a. m. a 7 p. m., en las cuales la entonces supervisora habría estado presente.
  • Manipulación de asistencia: Se investigaron llamadas y directrices para registrar entradas falsas en bitácoras y tarjetas de marcación, tanto para funcionarios que salían de fiesta los fines de semana como para justificar ausencias por motivos personales, como arbitraje de partidos de fútbol o gestiones particulares.
  • Jornadas e incompatibilidades: El dictamen consideró plenamente probado que el 5 de mayo de 2008 Calvo impartió lecciones en un centro educativo en Los Guido mientras debía cumplir funciones de supervisión en la policía municipal, habiendo reclamado además tiempo extraordinario por ese lapso.

Defensa y posición sindical

Frente a los señalamientos, Kattia Calvo rechazó categóricamente los cargos y argumentó que el proceso obedecía a represalias por su activismo sindical y por denuncias de acoso sexual que ella misma había interpuesto. Asimismo, defendió que los horarios y las horas extra cuestionadas contaban con el aval de su jefatura inmediata, y argumentó que el artículo 16 de la Convención Colectiva municipal le otorgaba protección especial frente al despido por su condición de dirigente.

El expediente también refleja divisiones internas sobre la credibilidad de las pruebas. Mientras el dictamen mayoritario dio por válidos los testimonios de cargo que derivaron en la pérdida de confianza —aprobada con 10 votos a favor y 2 en contra por el concejo municipal y ratificada por la Alcaldía el 5 de mayo de 2009 (resolución N.° 2421)—, un criterio minoritario cuestionó la objetividad de la principal testigo debido a roces previos con Calvo.

Tras su destitución, la actual diputada interpuso una demanda laboral solicitando su reinstalación y cerca de ¢25 millones por diversos conceptos económicos bajo el expediente 10-000504-0028-LA. Sin embargo, dicho proceso judicial fue archivado de forma definitiva en 2012 por una duplicidad de gestiones presentada por la parte actora, por lo que los tribunales no emitieron un pronunciamiento de fondo sobre la veracidad o falsedad de las faltas imputadas en sede administrativa.

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