El Fiscal General de la República, Carlo Díaz Sánchez, lanzó una propuesta contundente este miércoles durante su audiencia ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa: solicitar el apoyo técnico de la DEA y el FBI para que sean estas agencias estadounidenses las que apliquen las pruebas de polígrafo a todos los altos mandos del sector seguridad, incluyéndose a sí mismo.

Con esta postura, Díaz rechazó someterse a evaluaciones realizadas por empresas privadas contratadas por el Poder Ejecutivo, una medida que había sido impulsada por la presidenta de la República, Laura Fernández.

Exigencia de igualdad de condiciones y neutralidad

El jefe del Ministerio Público aclaró que no tiene ningún temor en realizarse la prueba, pero fue enfático en que el proceso debe ser estandarizado, transparente y aplicado bajo las mismas condiciones para todas las autoridades que asisten a las reuniones semanales de seguridad con el Gobierno.

“Cuando ella (la presidenta Laura Fernández), los ministros que participan ahí y todas las personas que participan nos sometamos a una prueba estándar para todos, yo me la voy a hacer. No tengo nada que ocultar”, afirmó Díaz ante la consulta del diputado Fernando Obaldía, del partido PPSO.

El jerarca judicial argumentó que la intervención de un organismo internacional y neutral garantiza que los resultados no sean blanco de manipulación ni cuestionamientos políticos.

• El riesgo de firmas privadas: “Jamás me voy a someter a una empresa para que manipulen una prueba y que posteriormente salga yo cuestionado”, sentenció el fiscal.
• Transparencia financiera: Díaz recordó a los legisladores que su vida pública y privada es constantemente fiscalizada: “¿Usted cree que a mí no me han investigado las cuentas? ¿Usted cree que no me han hecho seguimientos de qué hago y qué no hago?”.

Contexto de la tensión entre el Ministerio Público y el Ejecutivo

La controversia en torno al uso del detector de mentiras escaló luego de que la mandataria Laura Fernández confirmara la destitución de siete funcionarios policiales que presuntamente reprobaron los exámenes de polígrafo.

Dichas pruebas fueron costeadas por el Gobierno a una firma privada. Hasta el momento, Casa Presidencial ha mantenido bajo estricta reserva las identidades de los oficiales separados, así como los detalles técnicos y los resultados específicos de las evaluaciones, lo que ha generado dudas y críticas en diversos sectores políticos y judiciales.