“ES UN CRÉDITO PRIVADO”: PATRICIA SOLANO CUESTIONA INVESTIGACIÓN DE LOS DIPUTADOS

La magistrada Patricia Solano defendió ante los diputados la legalidad del crédito hipotecario de ₡128 millones que recibió de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales y cuestionó las competencias de la comisión legislativa que investiga la operación.

Durante su comparecencia, Solano sostuvo que la asociación es una entidad privada y que el préstamo corresponde a una operación crediticia de carácter particular, por lo que considera que la comisión se está extralimitando en sus funciones.

La magistrada argumentó que, si bien los fondos de cesantía trasladados a las asociaciones solidaristas pueden estar sujetos a fiscalización por su origen público, esto no significa que los diputados tengan facultades para investigar las operaciones crediticias individuales de sus asociados.

También cuestionó la forma en que se obtuvo información sobre sus datos financieros y citó resoluciones de la Sala Constitucional relacionadas con la protección de la información bancaria y patrimonial.

Solano advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones civiles y penales contra quienes considere responsables, tanto a nivel institucional como personal.

En su defensa, aseguró que cumplió con todos los requisitos establecidos por la asociación para obtener el financiamiento, entre ellos las valoraciones correspondientes y los desembolsos conforme al avance de la construcción.

Además, explicó que el crédito fue destinado a construir una vivienda para su retiro, después de más de 35 años de trabajo, y rechazó que hubiera recibido algún trato preferencial por su condición de magistrada.

Uno de los cuestionamientos más fuertes de su intervención fue la comparación con otros créditos de mayor cuantía que, según señaló, no han recibido el mismo nivel de atención por parte de la comisión.

«₡128 millones son importantes viniendo de una operación crediticia privada de un ente privado, pero ₡3.680 millones prestados por un banco estatal, aquí no importa», cuestionó.

Al finalizar su exposición, Patricia Solano quedó a disposición de los diputados para responder sus interrogantes, en una comparecencia que abrió una nueva discusión sobre los límites de las investigaciones legislativas y el alcance de la fiscalización de los recursos públicos.