La medida restringe el acceso público a presupuestos, contratos, estrategias tácticas y documentación de los órganos encargados de la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado.

En una decisión que limita el acceso a la información pública en materia de seguridad, la presidenta de la República, Laura Fernández, declaró bajo la figura de “Secreto de Estado” toda la información, presupuestos, planes operativos y contratos de compras públicas vinculados a la seguridad nacional y la lucha contra la delincuencia organizada.

La medida fue oficializada mediante su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, tras haber sido firmada formalmente el pasado 27 de julio.

¿Qué organismos y grupos abarca la medida?

El decreto aplica de forma directa sobre la información, reuniones y decisiones de los siguientes entes:

• Consejo Nacional de Seguridad Pública.
• Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
• “Fuerza Élite”: Grupo de trabajo integrado por la presidenta Laura Fernández; los ministros Geraldo Campos, Gabriel Aguilar y Arnold Zamora; Pablo Martínez (director de la DIS); y los directores de los cuerpos policiales del Ejecutivo.
• Coordinaciones de Presidencia: Toda articulación en seguridad, defensa del Estado y el reglamento de protección de jerarcas y dignatarios del Poder Ejecutivo.

Ámbitos de información bajo reserva confidencial

La restricción rige independientemente de si las contrataciones o coordinaciones se realizan con entidades públicas, consorcios o empresas privadas (nacionales o extranjeras). La información protegida incluye:

Justificación oficial del Ejecutivo

De acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la reserva de estos datos responde al incremento de la violencia, el sicariato, el tráfico de drogas y el lavado de dinero en el país.

Las autoridades señalaron que transparentar estos detalles podría:

1. Permitir a las estructuras criminales identificar vulnerabilidades del Estado.
2. Facilitar a los grupos delictivos la evasión de controles policiales.
3. Comprometer la efectividad de los operativos tácticos.
4. Poner en riesgo la integridad física y la vida de los funcionarios de seguridad y sus familias.

Sanciones y alcance indefinido

La obligación de guardar estricta confidencialidad se aplica a jerarcas, policías, asesores, consultores y contratistas privados, quienes deberán firmar una cláusula de confidencialidad obligatoria.

Nota clave: El deber de reserva se mantendrá de forma indefinida, incluso tras la finalización del vínculo laboral o contractual. Quienes incumplan esta disposición enfrentarán sanciones penales por el delito de quebrantamiento de secreto de Estado, así como la rescisión inmediata de contratos sin responsabilidad para la administración pública.