Magistrados alertan que el Poder Judicial se convirtió en “cobrador de grandes empresas” y urgen reformas

La saturación en los juzgados del país alcanzó niveles alarmantes debido a la carga de expedientes por cobros judiciales. Los magistrados Jorge Araya, de la Sala Constitucional, y Patricia Solano, de la Sala Penal, advirtieron que esta labor administrativa consume valiosos recursos públicos para beneficio de un grupo reducido de grandes empresas y entes crediticios.

De los 740.000 expedientes que mantiene el Poder Judicial, 477.000 corresponden a procesos de cobro, lo que representa el 65 % del circulante total. Sin este volumen, la carga de trabajo en los tribunales se reduciría a unos 234.000 casos.

Propuestas para descongestionar los juzgados

Para frenar esta problemática y agilizar la justicia en otras áreas, el magistrado Jorge Araya impulsa cuatro proyectos de ley:

• Cobro en sede notarial: Permitiría a notarios públicos tramitar las faltas de pago de forma extrajudicial o administrativa.
• Prescripción de oficio: Facultaría a los jueces a archivar deudas financieras cuyo plazo legal de cobro ya venció, sin que el deudor deba contratar un abogado para solicitarlo.
• Tasa de cobro judicial: Impondría a las empresas acreedoras el pago de un porcentaje (por ejemplo, un 5 %) sobre el monto demandado para financiar los juzgados de cobro.
• Timbre de cobro judicial: Cobro de un canon por demanda para recaudar fondos destinados a cuerpos policiales como el OIJ.

Postura del Congreso y dimensión social

La propuesta de trasladar los cobros a la sede notarial cuenta con el respaldo de la bancada oficialista de Pueblo Soberano (PPSO). Nogui Acosta, jefe de fracción, indicó que el proyecto no genera distorsiones y podría salir de la Comisión de Asuntos Jurídicos el próximo 5 de noviembre para su trámite en el plenario. No obstante, mostró reservas sobre la prescripción de oficio por su eventual impacto en el sistema financiero, y señaló que la tasa de cobro encarecería los créditos.

Más allá del colapso en los tribunales, los magistrados coincidieron en que esta crisis evidencia el alto endeudamiento que enfrentan los costarricenses, impulsado por salarios insuficientes y el uso recurrente de préstamos o tarjetas de crédito para subsistir