Carlo Díaz continuará cuatro años más al frente de la Fiscalía General

San José, 19 de octubre de 2026. Carlo Díaz mantendrá su cargo como fiscal general de la República por cuatro años más, luego de que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ratificara su reelección al frente del Ministerio Público.

Díaz, un abogado con más de 28 años de trayectoria en el Poder Judicial, asumió la jefatura de la persecución penal en Costa Rica en 2022. Con la decisión del máximo órgano judicial, mantendrá la conducción del Ministerio Público en un contexto marcado por desafíos en seguridad nacional y tensiones institucionales.

Trayectoria profesional y reconocimientos

Ingresado al Poder Judicial en 1998, Díaz ha construido una amplia carrera como fiscal auxiliar, fiscal ordinario y fiscal adjunto. A lo largo de su gestión ha liderado fiscalías regionales en Limón, Pavas, Desamparados, Heredia, Alajuela y Cartago, además de desempeñarse como fiscal adjunto en las dependencias de Asuntos Indígenas, Ejecución de la Pena y la Unidad de Gestión de Fiscalías.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, cuenta con una maestría en Derecho Penal y formación en Criminología. Por su labor de articulación y persecución contra el crimen organizado transnacional, ha recibido reconocimientos de agencias internacionales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía de los Estados Unidos.

Tensiones políticas y combate a la criminalidad

La gestión de Díaz ha transcurrido durante una severa crisis de seguridad marcada por el aumento en la violencia y los homicidios en el país. Ante esta coyuntura, la Fiscalía ha apostado por dinamizar la cooperación internacional, logrando facilitar la extradición de alrededor de 30 costarricenses identificados como criminales de alto perfil.

Paralelamente, su mandato ha estado acompañado de fuertes fricciones con el Poder Ejecutivo, tanto durante el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves como bajo la actual administración de la presidenta Laura Fernández. El oficialismo ha cuestionado actuaciones de la Fiscalía en investigaciones de alto impacto mediático —como el caso Barrenador y el caso Pista Oscura— alegando supuesta persecución política.

Por su parte, el fiscal general ha rechazado tales señalamientos y ha advertido sobre los severos efectos de los recortes presupuestarios promovidos por el Ejecutivo, señalando que las reducciones financieras amenazan con provocar un “cierre técnico” y debilitar la capacidad operativa del Estado frente al narcotráfico y la delincuencia organizada.