Carlo Díaz continuará cuatro años más al frente de la Fiscalía General

San José, 19 de octubre de 2026. Carlo Díaz mantendrá su cargo como fiscal general de la República por un nuevo período de cuatro años, tras recibir el respaldo mayoritario de la Corte Plena durante la sesión celebrada este lunes.

Al menos 12 magistrados de las distintas salas del Poder Judicial (seis de la Sala Constitucional, cinco de la Sala Tercera y una de la Sala Segunda) confirmaron su apoyo a la reelección de Díaz. Con esta votación favorable, la Corte decidió respaldar su continuidad en el puesto en lugar de dar paso a un concurso público. El nombramiento actual de Díaz vencía formalmente el próximo 31 de octubre.

Durante la sesión, el fiscal general presentó un informe de rendición de cuentas en el que resaltó los resultados obtenidos durante su gestión entre 2022 y 2026, destacando la implementación del Plan Escudo en la lucha contra el crimen organizado.

Logros clave de la gestión (2022–2026)

Entre los principales resultados presentados y alcanzados durante la administración de Carlo Díaz destacan:

• Combate al crimen organizado: Se realizaron 1.740 allanamientos y se decomisaron 211 armas de fuego acumulados al cierre de 2025. Además, se desarticularon complejas estructuras criminales, incluyendo los dos primeros cárteles de la droga del país y la primera red que intentó introducir fentanilo en Costa Rica, operada en cooperación con la DEA.
• Incautación de drogas: Un acumulado de 256 toneladas de droga decomisadas, con un pico máximo en 2025 al alcanzar los 74.740 kilos.
• Efectividad penal: Las sentencias condenatorias registraron un incremento sostenido, pasando de 8.152 en el año 2022 a 10.716 en 2025.
• Extradiciones: Tras la reforma constitucional de mayo de 2025, se concretó la extradición de seis ciudadanos costarricenses vinculados a delitos de narcotráfico y terrorismo.
• Ciberdelincuencia y tecnología: En mayo de 2026 se creó la Fiscalía Adjunta contra la Ciberdelincuencia, a la vez que Costa Rica se posicionó como el primer país de Latinoamérica en ratificar el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest.